Durante el debate de esta iniciativa este martes en la Cámara Baja, sólo Ciudadanos y Foro Asturias anunciaron su apoyo al PP para volver a castigar con entre 3 y 5 años de cárcel a los funcionarios públicos que convoquen un referéndum ilegal.

En sus intervenciones, PP y Ciudadanos defendieron que es necesario volver a castigar las consultas ilegales para “mejorar” los instrumentos de la democracia contra quienes la atacan, mientras que el PSOE sostuvo que ya hay “mecanismos suficientes”. A su vez, los independentistas catalanes afirmaron que con esta propuesta los populares confirman que en estos momentos no es delito convocar una consulta ilegal, por lo que serían inocentes los dirigentes independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo.

En este sentido, la portavoz de los populares en el Congreso, Dolors Montserrat, afirmó que es necesario volver a castigar con cárcel los referendos ilegales porque el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y los otros dirigentes independentistas “amenazan” con repetir el desacato a la legalidad del 1-O de 2017.

“PURO TEATRO”

Montserrat añadió que la propuesta legislativa de su partido busca acabar con “las amenazas y el chantaje” del secesionismo catalán, así como prevenir lo que pueda hacer el PSOE en un futuro, puesto que para la portavoz popular es “puro teatro” la ruptura de los socialistas con los independentistas.

A su vez, Ignacio Prendes, en nombre de Ciudadanos, indicó que es cierto que el Supremo está juzgando a independentistas catalanes por el referéndum ilegal del 1-O, pero afirmó que “necesitamos mejorar los instrumentos” que tiene la democracia para defenderse de los “golpistas”. Este diputado también negó que volver a tipificar como cárcel las consultas al margen de la ley suponga ninguna “deslegitimación” al Supremo por el juicio al ‘procés’.

Por su parte, Juan Carlos Campo, del PSOE, defendió que el Código Penal ya tiene “importantes herramientas” para hacer frente a consultas ilegales, como son los delitos de desobediencia, prevaricación y desórdenes públicos, al tiempo que acusó al PP de sólo afrontar el problema en Cataluña con la “represión”.

“SON INOCENTES”

A su vez, Jaume Moya, de Podemos, ironizó con que la proposición de ley del PP es una “buena noticia”, porque supone asumir que los encausados del ‘procés’ son “inocentes”, ya que los populares sostienen que en la actualidad no es delito convocar un referéndum ilegal.

En esta línea, Feliu Guillaumes, del PDECat, se refirió a que la iniciativa de los populares supone asumir que las acusaciones del juicio del ‘procés’ están “absolutamente en falso”. Asimismo, Carolina Telechea, de ERC, indicó que el PP viene a dar la razón a los que piensan que el 1-O no fue ilegal y que el juicio del Supremo es una “farsa”.

Por último, Mikel Legarda, del PNV, afirmó que el PP actúa como “vicario” de Vox al pretender tipificar como delito los referendos ilegales, al tiempo que añadió que la iniciativa legal del partido de Pablo Casado “fomenta el enfrentamiento territorial, agrava el drama, tensa las costuras y añade más sufrimiento al sufrimiento”.