Rull aseguró a Rosa María Seoane, letrada que representa a la Abogacía del Estado, que no hizo falta que los poderes públicos coordinaran a la sociedad civil. “No, no había estos elementos de coordinación más allá de la presentación por parte del Govern de Cataluña sobre qué iba a ocurrir el 1 de octubre, qué tipo de urna habría”, afirmó.

En relación a la voluntad de celebrar el referéndum de acuerdo con el Ejecutivo central, aseguró que ”había un margen extraordinario para llevarlo a cabo (el referéndum) (...) nuestra voluntad política antes, ahora y siempre es celebrar un referéndum de independencia pactado con el Estado".

La abogada del Estado se interesó por conocer como la empresa Unipost que se encargó de enviar cartas, por ejemplo, a los que fueron llamados como miembros de las mesas y pudo tener acceso a información personal de los electores. Rull dijo desconocer por completo cómo pudo obtener la empresa esos datos.

Rull insistió reiteradamente en esta parte de su declaración en que “queríamos pactar un referéndum acordado con el Estado” y criticó la actitud del Tribunal Constitucional por entender que “no puede emitir una resolución con carácter preventivo en contra de un eventual acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno español”.