Así lo refleja el nuevo censo presentado este jueves por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que recopila información de todos los centros residenciales que hay en España para personas mayores y personas con discapacidad, tanto públicos como privados, elaborado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y que se basa en la información facilitada por un total de 7.319 centros, tras un proceso de recogida de datos que ha alcanzado una tasa de respuesta del 92,7%.

La presentación de este informe tuvo lugar en la sede del Imserso en el marco de un acto que contó con la presencia de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y la directora general del Imserso, Mayte Sancho y se trata de la segunda edición después de que en 2024 el Imserso presentara un primer censo con datos de 2022, según defendió el gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado en el que explicó que este estudio se ha realizado con datos de 2025.

De manera desglosada, el cuestionario recoge 4.864 centros residenciales para personas mayores (66,5%), de los cuales 4.596 son centros de mayores y 268 son viviendas para personas mayores. Por su parte, el informe recoge 2.455 centros residenciales para personas con discapacidad (33,5%), de los cuales 1.319 son centros y 1.136 son viviendas residenciales para personas con discapacidad.

Por comunidades autónomas, Cataluña, Castilla y León y Andalucía son los territorios que más centros residenciales tienen, con un 19,3%, un 15,2% y un 11,2% respectivamente.

TITULARIDAD

El censo muestra como en los centros residenciales dirigidos a personas mayores prevalece la titularidad privada frente a la pública, siendo el 65,8% de titularidad privada y el 34, 2% de titularidad pública. Sin embargo, dentro de las viviendas y unidades de convivencia dirigidas a las personas mayores predomina la titularidad pública frente a la privada, siendo el 67,5% de titularidad pública y el 32,5% de titularidad privada.

Por su parte, en los centros residenciales dirigidos a personas con discapacidad, el 55,6% de los centros son de titularidad privada y el 44,4% de titularidad pública, mientras que las viviendas residenciales dirigidas a personas con discapacidad son un 62,8% de titularidad privada y un 37,2% de titularidad pública.

En los centros residenciales de mayores, el ánimo de lucro está presente en el 58,7% de los centros considerando conjuntamente la gestión directa y la indirecta con ánimo de lucro. En discapacidad, el peso del ánimo de lucro se reduce al 13,2% y el sistema se apoya mayoritariamente en fórmulas sin ánimo de lucro.

En las viviendas con apoyo predomina la pública en mayores (67,5%) y la privada sin ánimo de lucro en discapacidad (62,8%).

TAMAÑO

El tamaño medio de los centros residenciales es de 75,8 plazas por centro en mayores y de 36 plazas en discapacidad. En las viviendas, el tamaño medio es similar en ambos ámbitos, situándose en torno a 2,7 plazas por vivienda y, según el ministerio, estos datos muestran una diferencia de escala entre los centros residenciales de mayores y de discapacidad que no se reproduce en las viviendas.

Respecto al número de plazas, en mayores, los centros de más de 200 plazas representan el 3,5% de los centros y concentran el 13,3% de las plazas. En discapacidad, representan el 0,6% de los centros y concentran el 5,7% de las plazas.

En concreto, en los centros de atención a personas mayores la cocina propia está presente en el 90,1% de los centros a nivel nacional, frente al catering que representa el 9,9. En el caso de los centros dirigidos a personas con discapacidad, la cocina propia constituye el 67,5% frente al catering externo, que representa el 32,5%.

El informe recoge que el 93,8% de los centros declara disponer de un plan personal de atención personalizado y el 95,2% de los centros declara mantener coordinación con atención primaria y el 89,6% cuenta con un profesional de referencia, esto es, una persona asignada de forma estable a cada residente para coordinar sus apoyos y servir de punto de referencia habitual para la persona residente y su familia.

En referencia a la relación entre los centros y las familias, el 92,9% de los centros declara disponer de mecanismos de implicación de las familias en el proyecto de atención y el 78,1% declara permitir la presencia física de las familias en el centro. El censo apunta que este indicador de presencia física de las familias en el centro tiene margen de mejora, dada la importancia de la participación de las familias y del mantenimiento de los vínculos de la persona residente con su entorno.

OTROS INDICADORES

Otros indicadores relacionados con la autonomía y la capacidad de decisión en la vida cotidiana presentan una implantación más desigual y menos extendida: el 75,3% de los centros dispone de un plan de eliminación de restricciones, mientras que la posibilidad de convivencia con animales de compañía alcanza el 52,3%.

El censo analiza también en qué medida los centros residenciales están conectados con su entorno, a través de dos indicadores: los servicios de proximidad, que vinculan el centro con personas que no residen en él y el empadronamiento, que refleja si el centro es reconocido como domicilio habitual de quienes viven allí. Los servicios de proximidad están presentes en el 48,7% de los centros de mayores y en el 62,4% de los de discapacidad y el empadronamiento alcanza el 54,9% en centros de mayores, frente al 70,5% en centros de discapacidad y al 74,5% en las viviendas con apoyo de ambos ámbitos.

En relación con la edad de las personas residentes en centros de atención a personas mayores, el grupo más numeroso es el de 80 a 89 años, que representa el 41,7% del total de personas residentes. Le sigue el colectivo de 90 años o más, con un 33,6%, mientras que las personas entre 65 y 79 años suponen el 20,6% y el grupo menor de 65 años tiene un peso reducido, con un 4,2% del total.

Estos datos evidencian que el 75,3% de las personas residentes en centros de atención a personas mayores tiene 80 años o más. La presencia significativa de personas octogenarias y nonagenarias configura un perfil claramente envejecido, coherente con la finalidad de este tipo de recursos residenciales, según el ministerio.

El documento también desvela que las personas que residen en centros de atención a personas con discapacidad entran en un momento vital diferente, ya que en estos centros el 83,6% de las personas residentes tiene menos de 65 años.

En cuanto al género, en 2025 los hombres representan el 58,4% del total de residentes y las mujeres el 41,6%, con patrones de género diferentes en relación con las personas residentes en centros de mayores y centros dirigidos a personas con discapacidad. En los primeros hay un mayor porcentaje de mujeres (68,9% en centros y 56,4% en viviendas), mientras que en los segundos predominan los hombres (58,4% en centros y 58,3-58,6% en viviendas).

En relación a las personas que cuidan, en los centros de mayores el 85,5% son mujeres, mientras que en los centros dirigidos a personas con discapacidad representan el 77,8%.

Además, el informe indica la disponibilidad de habitaciones individuales como uno de los retos a mejorar por los centros residenciales, ya que los datos reflejan que la habitación compartida sigue siendo la opción mayoritaria tanto en los centros de personas mayores (57%) como en los centros para personas con discapacidad (58%).

En conjunto, los desafíos que señala el censo tienen que ver, por un lado, con la mejora de las infraestructuras, para que estas respondan cada vez más a una estructura de hogar, y, por otro, con el propio modelo de atención, de forma que la organización cotidiana de los centros se ajuste cada vez más a la voluntad y las preferencias de cada persona. Estos avances deben hacerse, además, de la mano de una mejora de las condiciones de quienes trabajan en los centros: garantizar una atención de calidad y garantizar un empleo de calidad no son objetivos contrapuestos, sino que se refuerzan mutuamente.