Según sus cifras, la mayor necesidad de empleos se concentra en la Agencia Tributaria, con un déficit de 4.000 plazas; que eleva a 5.000 en el conjunto de la Seguridad Social y el SEPE y a 1.500 en el caso de Instituciones Penitenciarias.

CSIF demanda de forma adicional que se amplíen en 6.500 las plazas de promoción interna e incluir a los secretarios en interventores con habilitación nacional en el proceso de estabilización, lo que implica unos 500 puestos de empleo.

Su demanda se produce después de que las ministras de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y de Hacienda, María Jesús Montero, confirmasen hoy que el Gobierno está “trabajando” en la elaboración de una oferta de empleo público antes de la cita con las urnas del 28 de abril.

CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, urgió al Ejecutivo a concretarla antes de que cese y se celebren los comicios porque la Administración general "está en mínimos históricos, con miles de empleados públicos a las puertas de la jubilación".

De acuerdo a sus cifras, la plantilla de la Administración General del Estado cuenta con 201.030 efectivos, su menor censo desde el año 2002, y unos 31.801 empleados cuentan además con 60 años o más, encontrándose por tanto "a las puertas de la jubilación".

El sindicato denunció además que aún no ha salido la convocatoria de 2018 pese a que se aprobó por Consejo de Ministros.