Esta decisión fue acordada por el Tribunal que preside Manuel Marchena tras la negativa de Baños y Reguant a contestar a las preguntas planteadas por la acusación popular. En primer lugar, fue Baños quien indicó que por su “voluntad democrática y antifascista” no iba a responder a las preguntas de Vox. Ante esta afirmación, Marchena le informó de que no hacerlo, teniendo en cuenta su condición de testigo y, por tanto, obligado a responder a todas las preguntas, podía hacerle incurrir en responsabilidades penales, al no poner en conocimiento del Tribunal la información por la que se le citaba.

Tras esta advertencia, Baños reafirmó su intención de no contestar a Vox y el presidente del Tribunal le propuso que él mismo le formularia las preguntas en las que estuviera interesada la acusación popular, y así Baños no tendría que responder directamente a Vox. El objetivo subrayó Marchena, era evitar una medida que podría acarrear consecuencias penales para él. "No me obligue a tomar una decisión que no quiero tomar", le dijo Marchena.

En un principio, tanto Baños como el letrado de la acusación popular, Javier Ortega Smith, aceptaron la propuesta de Marchena y comenzaron las preguntas de la acusación particular, que las trasladaba al presidente de la Sala en voz alta para que el éste, a su vez, le preguntara al testigo. Tuvo así lugar una escena surrealista en la que Ortega Smith formulaba la pregunta, Marchena la repetía y Baños la contestaba.

Tras unos minutos de una escena sin precedentes desde que empezase este juicio, Baños puso reparos en continuar alegando que con la fórmula empleada estaba respondiendo igualmente a Vox. Ante esta situación insólita, Marchena informó de un receso de cuatro minutos para decidir una solución. Tras el tiempo de deliberación con el resto de jueces solicitó a Baños que abandonara la sala de vistas, “la solución que yo le he ofrecido estaba muy clara, pero no la ha aceptado”, subrayó el presidente del Tribunal, y a continuación llamó a la siguiente testigo Eulàlia Reguant a declarar.

En la misma línea que Baños, Reguant manifestó su rechazo a las preguntas de Vox “por ser un partido machista y xenófobo”. Marchena le recordó que “el testigo es un ciudadano que está obligado a responder las preguntas por ley” y que, por tanto, si reafirmaba su deseo de no contestar podría tener consecuencias penales para ella. Ante la persistencia de Reguant en su postura, el presidente del Tribunal anunció: “Tenemos que deducir testimonio ante el juzgado de guardia por las posibles responsabilidades en las que puede incurrir” y pidió a la exdiputada de la CUP que abandonara la sala.