Fuentes parlamentarios indicaron a Servimedia que la reunión de la Junta Electoral Central celebrada este lunes tomó nota de las críticas recibidas y analizó las peticiones formales para reconsiderar la indicación, como la transmitida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y por el diputado de UPN Íñigo Alli.

La directriz de la semana pasada permitía apuntar los datos de las personas con discapacidad en caso de que los miembros de las mesas electorales o los apoderados sospecharan que no votaban libremente, al indicar textualmente que “el acta identificará al elector únicamente por el número de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, por el documento identificativo que aporte".

Para las personas con discapacidad supuso un jarro de agua fría porque las elecciones generales del 28 de abril van a ser las primeras en las que alrededor de 100.000 personas con discapacidad intelectual incapacitadas judicialmente podrán ejercer su derecho al voto, después de la reforma de la Ley Electoral que entró en vigor en diciembre.

Los integrantes de la Junta Electoral Central se mostraron este lunes sensibles con las quejas recibidas y acordaron reformular la indicación con una nueva redacción en la que seguramente se suprimirá la referencia a las personas con discapacidad, ya que -como se puso de manifiesto en la reunión anterior- se trata de un planteamiento que podría aplicarse a personas mayores que no estén en plenas facultades e incluso aquellas que acudan ebrias a las urnas.

Para precisar el texto final de la nueva resolución, el presidente de la Junta Electoral Central tiene previsto reunirse con el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, para recoger la sensibilidad del sector de la discapacidad antes de dar a conocer la decisión adoptada para garantizar el voto de todas las personas.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad fue precisamente uno de los primeros en reclamar a la Junta Electoral Central que anulara "con carácter inmediato" esta disposición, puesto que "entra en contradicción clara con el espíritu y la letra de la reforma electoral" aprobada por las Cortes.

Plena Inclusión, que agrupa a varias asociaciones de personas con discapacidad intelectual, también envió una carta al presidente de la Junta Electoral Central en la que criticó que la resolución inicial "discrimina" a las personas con discapacidad.

Incluso el que fuera presidente de la Comisión de Discapacidad en el Congreso de los Diputados esta última legislatura, Jordi Xuclá, reclamó a la institución que “revise o anule” la instrucción. En declaraciones a Servimedia, Xuclá afirmó que la directriz "reinterpreta" la reforma de la Ley Electoral aprobada en noviembre.

Hasta que entró en vigor esta reforma aprobada en noviembre, las personas con discapacidad sometidas a tutela judicial tenían que pedir a los magistrados que les autorizasen el voto, para lo que se les sometía a un examen para certificar que conocían los datos básicos de la cita electoral y el sistema político. Tras la reforma de noviembre, la Ley Electoral elimina cualquier traba al voto de estas personas.