Así lo pone de relieve el estudio ‘La viudedad en el marco de la Seguridad social española. Reflexiones y perspectivas’ del Instituto Santalucía publicado este miércoles.

Según esta organización, la pensión de viudedad beneficia a más de dos millones de personas y es la segunda fuente de gasto de la Seguridad Social.

El Instituto Santalucía considera que la evolución de la cobertura ha ocasionado una indefinición de su filosofía y su función originando un “sistema poco racional, generador de cada vez una mayor desigualdad y en el que incluso su cuantía puede superar a la de las rentas cuya pérdida pretende compensar”. Considera “razonable” abordar una reforma de la pensión de viudedad dados los cambios que se han producido en la sociedad desde que se implantó o la mejora de la equidad de la prestación y del resto de prestaciones del Sistema.

El Instituto Santalucía analiza como posible reforma transformar las pensiones vitalicias en temporales para que sea un modelo “más equitativo” que mantenga la cobertura pública con una prestación contributiva, complementada en caso necesario, por las correspondientes prestaciones no contributivas cuando finalizara el pago de la pensión temporal. Esta opción sería para las nuevas prestaciones. Otra posibilidad sería la de mejorar la prestación durante los primeros años y disminuir las de los siguientes.

También estudia la posibilidad de trasladar todas las pensiones de viudedad al modelo contributivo, lo que produciría una “importantísima mejora” de los indicadores de sostenibilidad del sistema contributivo, aunque también podría plantear dudas sobre su aplicación efectiva “e incluso elementos de inconstitucionalidad”.

Asimismo, el Instituto Santalucía considera necesario adoptar un sistema de cuentas nocionales, es decir, un sistema de reparto de aportación definida.

Para el caso de las pensiones de viudedad, plantea un seguro de vida para caso de fallecimiento, temporal, anual, renovable, donde los asegurados serían todos los posibles causantes (afiliados, jubilados, pensionistas de incapacidad que tuvieran potenciales beneficiarios), pero la prima sería pagada solo por los afiliados, en proporción a sus bases de cotización. El capital asegurado sería su prestación.

En cualquier caso, la organización pide que se elija un modelo en el que se mejore la equidad, se separe claramente la parte contributiva del resto y se potencie la utilización de rentas temporales.