La entidad, que forma parte de la Plataforma de Periodistas Vetados en Educación, lamenta esta situación y la considera “inadmisible”, “injusta” y “llena de lagunas que deben resolverse por la vía política” para modificar el Real Decreto que lo regula. “La FAPE ha planteado la correspondiente queja ante el Defensor del Pueblo”, anuncia.

“Esta decisión se produce a pesar de haber sido previamente incluidas por la Administración en la bolsa de trabajo de reserva de dicha especialidad, conformada por los candidatos participantes en las Oposiciones de Secundaria celebradas en junio de 2018 que no superaron la prueba -ordenados por la nota obtenida-, y después de haberles sido adjudicados puestos de trabajo en régimen de interinidad para el periodo comprendido entre el 14 de enero y el 30 de junio de 2019”, explica la entidad en el comunicado.

Un mes después de incorporarse a su puesto se les advierte de la revisión de oficio para comprobar que cuentan con la titulación requerida y, tres semanas más tarde, se les informa por teléfono que deben abandonar su puesto de trabajo, advirtiendo que podrían causar daños “de imposible o difícil reparación a los alumnos y a la propia Administración Educativa".

La Federación, que califica esta acción como “inconcebible”, también cuenta en el documento que se han registrado “decenas de casos” de los profesionales titulados en Periodismo y Ciencias de la Comunicación que cumplían los requisitos exigidos para impartir las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera en centros concertados y privados, en los niveles de ESO y Bachillerato y “que han sido expulsados o ven cerradas sus opciones de acceder a un puesto de trabajo en la mayoría de las comunidades españolas”.