"A partir de este momento las miras estarán puestas en el objetivo del que nunca debieron desviarse: el crecimiento de los puertos españoles", indicó la asociación en un comunicado tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del real decreto-ley que culmina el marco legal aplicable en la actividad de la estiba.

Dicha norma viene a completar la reforma de 2017 que estableció la libertad de contratación para la prestación de este servicio, que hasta dicha fecha debía realizarse preferentemente por las Sociedades de Estiba (las denominadas Sagep), de las que formaban parte los propios estibadores.

"La aprobación de esta norma hoy es un paso hacia adelante fundamental para cerrar una crisis que ha dejado pérdidas millonarias en uno de los más importantes sectores económicos de este país", indicó la organización, confiada en que saldrá adelante en el Congreso ya que el decreto-ley aprobado hoy es fruto de una iniciativa parlamentaria que contó con el apoyo unánime de los grupos el pasado 20 de febrero.

El real decreto-ley pretende culminar el marco normativo de la estiba portuaria, después de cinco años de incertidumbre, ya que conjuga los principios de libertad de contratación exigidos por Europa con los derechos de los trabajadores a mantener sus puestos.

Entre otras cuestiones establece una habilitación legal para que, a través de los convenios colectivos, se pueda acordar la subrogación obligatoria de los trabajadores para las empresas que decidan salirse de las Sagep, con objeto de garantizar los derechos de los trabajadores.

Del mismo modo, estipula una modificación de la Ley de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), para establecer las especificidades de los Centros Portuarios de Empleo (CPE), entre otras la necesidad de ser empresa estibadora para poder formar parte de su accionariado. Según la coordinadora CETM, este último punto "es fundamental para garantizar el máximo nivel de profesionalidad".