Durante su participación en el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, Romero agregó que “hay una gran desmotivación de los profesionales en relación al marco laboral”, y aseguró al inicio de su intervención que esta situación ya se contemplaba en el Informe Abril Martorell de 1990, un documento que juzgaba y evaluaba al SNS español.

“El SNS tiene problemas de suficiencia y sostenibilidad que hay que atajar tras una larga etapa de restricciones, pero también tiene que acometer reformas en su arquitectura organizativa y técnica”, afirmó.

Pese a las dificultades, el presidente de la OMC destacó que, sin lugar a dudas, el Sistema Nacional de Salud es “el mejor servicio público que presta el Estado español”. “Tiene un coste eficiente en comparación con los sistemas europeos. Eso nos hace sentirnos orgullosos”, afirmó.

En este sentido, explicó que “la capacidad de resistencia” a la adversidad se ha debido a su sólida arquitectura organizativa y al “esfuerzo y compromiso asumido por los profesionales” para mantener el estándar de calidad y accesibilidad de los servicios públicos. Sin embargo, “los pacientes notan que empeoran todos los servicios asistenciales y que han de soportar mayores esperas”.

“No solo hay falta de voluntad política", continuó, "hay pánico de los responsables políticos y gestores para afrontar conflictos y reacciones en la opinión pública y en las redes sociales”. Asimismo, manifestó que subyace una “expropiación de competencias a las autoridades sanitarias por parte de las económicas y de función pública”, y añadió que, durante la crisis y la recuperación, el “gobierno político y económico han desatendido de forma indiscriminada al SNS”.

Romero aludió a los recortes en personal durante estos años y dijo que, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, entre 2011 y 2014 las comunidades autónomas redujeron su gasto en personal de los servicios sanitarios en un 9,6%.

Aseguró que estos recortes en personal, así como los recortes en prestaciones y cobertura para los ciudadanos, "plantean enormes dilemas éticos a la profesión médica, que no puede aceptar sin más un cambio en la misión y vocación universal del SNS por nuestro compromiso deontológico de no dejar a nadie atrás y por los riesgos derivados, desde la salud pública, al sacar fuera del sistema a una población en riesgo de marginalidad”.