En una nota, CSIF denunció que el Ministerio de Ciencia deja ahora en manos de universidades y Organismos Públicos de Investigación el coste de las mejoras económicas del citado estatuto, provocando problemas y retrasos en la percepción de los incrementos salariales de los investigadores predoctorales.

Según la central sindical, esta norma “difícilmente acabará con la precariedad de más de 10.000 investigadores predoctorales en universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPI)”.

Para CSIF, “esta chapuza normativa resulta lamentable y, al final, los perjudicados son los investigadores predoctorales en formación, ya que las universidades y Organismos Públicos de Investigación están retrasando la aplicación de su mejora salarial excusándose en que sus presupuestos están cerrados y comprometidos y que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades no aporta los fondos necesarios para asumir las modificaciones retributivas introducidas por el EPIF”.

El sindicato recuerda que, tras publicarse la norma en el BOE el pasado 15 de marzo, “pidió inmediatamente explicaciones al Gobierno y denunció” que en el texto publicado se habían incluido modificaciones respecto al borrador que conocían las organizaciones previamente y resultaba “confuso” para los investigadores afectados y no venía acompañado de financiación por lo que los gastos de su aplicación correrían por cuenta exclusiva de las universidades y Organismos Públicos de Investigación.

Para CSIF, tras seis años de retraso, se publica un EPIF “que no recoge dos de las demandas básicas del colectivo afectado como son la indemnización por finalización de contrato y la inclusión y reconocimiento en los convenios colectivos de universidades y OPI”.