Tres responsables de Unipost declararon este miércoles como testigos ante la sala del Tribunal Supremo que juzga a los líderes independentistas por la convocatoria y celebración del 1-O.

El director financiero, Xavier Barragán, explicó que cuando declaró ante la Guardia Civil le preguntaron por la trazabilidad de los envíos de la empresa. “No existe trazabilidad, no había albarán de entrega”, explicó. Esto “no es común y como no es común se dio orden de no tramitarlo”.

Sobre su papel como director financiero dijo que “no he sido capaz de trazar esos envíos a ninguna factura de la Generalitat”, porque, insistió, “se había dado la orden de no tramitar nada de la Generalitat”. Esta instrucción, especificó, se la dio Pablo Raventós a Francisco Fuentes.

Preguntado por si Unipost facturó una cantidad cercana al millón de euros en septiembre de 2017, Barragán subrayó que “una factura proforma no es válida, no vale para subir a la plataforma para que se cobre, ni justifica nada”. Como no eran facturas, añadió, “no entran en el circuito financiero”. En todo caso, dijo, “podría ser un presupuesto”. En ese sentido, apuntó que desconocía el origen de las facturas proforma, “pero sé que por volumen nunca se han cobrado”.

La situación de la empresa era “delicada a nivel financiero” y “uno de los departamentos que se quedó vacío era el de ventas, por lo que se sustituyó con personal de ETT”, relató. Esta situación “generó problemas a nivel interno, como errores derivados del poco conocimiento de las facturas proforma”.

Sobre estos errores, aclaró, “se ve que ese mismo día se emite la factura, se anula y se hace factura proforma. Esto nos pasó no solo con la Generalitat sino con multitud de clientes”. En concreto, recordó, hubo una factura proforma de la Generalitat que se intentó subir a la plataforma en dos fechas, 7 y 18 de septiembre, “pero esto no se tenía que haber hecho, de modo que a 30 de septiembre, cuando se hizo revisión, se anuló”.

Por su parte, Anton Raventós, expresidente del Consejo de Administración de Unipost, explicó que "la Generalitat era uno de nuestros principales clientes" y que el encargo de los envíos postales para el referéndum se concretó en un contrato “igual que con los demás clientes. Todos los servicios que hacíamos eran facturados y retribuidos", dijo, afirmación de relevancia para determinar si se produjo un delito de malversación de fondos públicos.

Unipost pasó al cobro la factura por estos trabajos en dos ocasiones y en ambas fue rechazado el pago. Según Raventós, "había muchos trabajos hechos para la Generalitat sin pagar porque pagan muy tarde. Pagaban hasta a 150 días".

Preguntado por el material incautado en el registro de sus instalaciones, el expresidente del Consejo dijo que se enteró “por la prensa y por el director general (Pablo Raventós)" de la incautación por la Guardia Civil del material electoral en la sede de Unipost. "El presidente de Unipost comunicó al Consejo de Administración que no sabía que había material electoral de la Generalitat en la empresa", afirmó. El presidente de la empresa "tampoco comentó que hubiera un encargo de gran volumen".

De hecho, y en respuesta a una pregunta de la fiscal Consuelo Madrigal, Raventós dijo que en la empresa “hablamos de clientes, no de campañas”.

“VOX POPULI” QUE TRABAJABAN PARA EL 1-O

Por su parte, Rafael Ramírez, el jefe de producción de Unipost en Barcelona que permitió la entrada de la Guardia Civil a la empresa para realizar el registro en el que se hallaron envíos postales del referéndum, aseguró este miércoles que era “vox populi” entre los trabajadores que se iba a trabajar con material relacionado con la consulta ilegal y que la situación de la empresa era tan precaria que hubiera “repartido veneno” con tal de salir adelante.

Interrogado por el abogado de Vox, el trabajador de Unipost admitió que facilitó a la Guardia Civil un correo electrónico con un archivo Excel que contenía “una orden de trabajo. Para mi delegación, recordaba el número de envíos exactos que iba a recibir".

Explicó que "oficialmente" no le constaba el motivo del envío, "pero era un rumor en la calle y entre los empleados... Era `vox populi´ que nosotros íbamos a repartir lo que íbamos a repartir. Pero no por nada, porque éramos los que repartíamos todos los envíos de la Generalitat”. Dijo también que “el acuerdo marco con la Generalitat podía superar los siete millones de euros".

Ramírez relató sus reflexiones: "¡Cómo nos metemos en este lío en la situación que estábamos!, pensaba. Trabajábamos para toda España y esto a lo mejor nos hacía perder clientes, pero la situación era tan mala… No cobrábamos al día. Entiendo que la empresa hubiera repartido veneno".

Este trabajador dijo no recordar si los guardias civiles que fueron a realizar el registro le mostraron una orden judicial. El abogado Jordi Pina trató de demostrar que hubo irregularidades. Según el testigo, los agentes “venían a ver si llegaba un envío determinado de la Generalitat". El letrado le preguntó si los agentes le indicaron que podía negarse a la entrada. "No dijeron nada. Pero yo les facilité la entrada", le respondió.