Según indicó la institución este miércoles en una nota, el consistorio debe dar una respuesta a esta situación de emergencia social y ha pedido una solución habitacional y una atención adecuada para las casi 100 personas que podrían quedarse en la calle. Se trata, en su mayoría, de personas mayores o con problemas de movilidad, que firmaron un contrato con la Empresa Municipal de la Vivienda (Emgiasa) por el que cedían el uso de sus casas en el centro de la localidad por el de otras más accesibles en el nuevo barrio del Ensanche Sur, añade la nota.

Tras la declaración de Emgiasa en concurso de acreedores, un juez ha acordado una modificación puntual del Plan de Liquidación según la cual se debe proceder a la venta de los inmuebles sujetos al denominado ‘Plan Permuta’, para que el dinero obtenido se destine a pagar a los acreedores. Muchos de los afectados por esta decisión no pueden volver a sus antiguos pisos porque están destrozados o son inaccesibles para ellos.

Ante esta situación, el Defensor del Pueblo ha recordado al Ayuntamiento que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales le obliga a controlar el funcionamiento financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.

Por ello, le ha pedido que envíe los informes que recojan las verificaciones realizadas sobre el cumplimiento de la normativa y los principios de buena gestión financiera, así como las conclusiones y recomendaciones realizadas para paliar las deficiencias detectadas.

Además, la institución también quiere conocer los puntos más relevantes que contiene el citado plan y ha pedido una copia del modelo de contrato empleado para la firma entre Emgiasa y las familias afectadas.