Sin embargo, el 70% de las personas llamadas a las urnas en las próximas elecciones generales considera que los partidos políticos no dan suficiente importancia (o ninguna) a los temas relacionados con el bienestar de la infancia. Así lo revela el estudio encargado por Unicef, cuyo objetivo es medir la influencia de los temas relativos a la infancia en la política española actual. Según sus resultados, el 84% de los encuestados cree que los temas relacionados con la infancia son muy o bastante importantes, un porcentaje que aumenta con la edad y con el hecho de tener hijos.

Para 7 de cada 10 votantes, el tratamiento que los partidos políticos dan a estas cuestiones influirá algo, bastante o mucho en su voto. Por otro lado, 2 de cada 3 votantes aseguran no conocer los contenidos sobre infancia de los distintos programas electorales, siendo las personas jóvenes y con hijos las que tienen algo más de información sobre este asunto.

El 86% afirma que si algún partido político se centrase más en los temas relacionados con la infancia aumentaría su predisposición a votar a ese partido. En el caso de la influencia en el voto, la diferencia entre familias con hijos o sin hijos es de cuatro puntos (88% frente al 84%).

La medida más demandada a los políticos es la puesta en marcha de una ley para poner fin a la violencia contra la infancia (18%), seguida de la protección de los menores frente a la violencia de género (17%), el aumento de la inversión en educación obligatoria (12%) y promover la universalidad y gratuidad de la educación de 0 a 3 años (9%).

Para un 48% de los encuestados, el tratamiento que los partidos den a los temas relativos a la infancia influirá mucho o bastante en su voto. Sin embargo, solo el 39% de los encuestados con hijos conoce los contenidos sobre infancia de los distintos programas electorales.

Entre las propuestas que Unicef considera imprescindibles en cualquier programa electoral, destacó el mantenimiento de una figura de referencia al más alto nivel político para defender los derechos de la infancia, con capacidad de decisión y coordinación; el aumento del gasto público en protección social de la infancia hasta un 2% del PIB, acercándonos a la inversión realizada por los socios europeos, y la subida de la prestación por hijo a cargo hasta los 1.200 euros anuales, puesto que es una de las medidas más oportunas para reducir la pobreza infantil.