Esta sentencia es consecuencia de la que dictó el Tribunal Supremo el pasado 21 de marzo, que confirmó otra sentencia del TSJA del 19 de septiembre de 2018 que anuló la Autorización Ambiental Unificada (AAU) del proyecto de explotación, explicó Ecologistas en Acción.

Como consecuencia, el complejo minero de Atalaya Riotinto Minera no dispone ya ni de autorización ambiental ni de autorización minera para seguir funcionando.

Según los ecologistas, existe un “serio riesgo de rotura catastrófica de las balsas de lodos del complejo minero” que “deberían conducir a una paralización cautelar de la actividad minera para evitar un desastre ambiental”.

Y es que una rotura de estas balsas, agregan, “afectaría gravemente a toda la cuenca del Odiel hasta su desembocadura en la capital onubense, con especial riesgo de inundación en zonas de Gibraleón y de Huelva”.

Asimismo, la ONG anunció una denuncia contra el anterior delegado de Empleo de Huelva, Manuel José Ceada Losa, al que acusa de haber “falseado la realidad” de la mina a pesar del “grave riesgo que las balsas de lodos” suponen, a juicio de los ecologistas, para la localidad.