El contrato vigente entró en vigor en julio de 2016 y concluirá el próximo 30 de junio. Se firmó por un total de 33,9 millones de euros, más una modificación durante su ejecución de 922.715 euros.

Ahora el Gobierno ha decidido un importe máximo para la nueva contratación de 26,78 millones y también se acortará a la mitad el plazo de ejecución, de los 36 meses del actual contrato a los 18 meses del nuevo, que tendrá una ejecución entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública señala en un comunicado que es necesaria la tramitación urgente del contrato por la necesidad inaplazable de disponer de las prestaciones objeto del contrato, toda vez que se refieren, bien a sistemas que dan soporte a servicios imprescindibles para los ciudadanos, tales como los servicios de empleo o la seguridad vial, bien porque implican la continuidad operativa de funciones relevantes en los ámbitos de la investigación, la estadística pública o la gestión de patrimonio público.