Martínez y Luque transmitieron a Navarro su preocupación también por la lucha contra el juego ilegal en una comunidad autónoma que lidera en toda España el impacto de las rifas ilegales, tanto en ingresos como en vendedores.

El delegado territorial de la ONCE subrayó en este sentido el trabajo realizado años atrás por la administración autonómica, y animó a la nueva delegada “a seguir profundizando en la lucha contra este fraude para Hacienda, los trabajadores y los consumidores”.

Por otro lado, ofreció el apoyo de la ONCE y del Grupo Social ONCE al nuevo Gobierno andaluz “para seguir avanzando en el empeño común de conseguir una sociedad verdaderamente inclusiva e integradora en defensa siempre de la igualdad y la accesibilidad universal”.

El Grupo Social ONCE cuenta en la provincia de Málaga con 2.334 trabajadores, el 88% de ellos con discapacidad.

La ONCE atiende a un total de 2.781 afiliados -personas ciegas o con discapacidad visual grave- y cuenta con 1.021 vendedores, todos ellos con discapacidad.