Así lo afirmó a pregunta de los periodistas en la primera rueda de prensa del grupo parlamentario en la legislatura. Si el presidente del mismo, Pablo Iglesias, señaló ayer que Gloria Elizo y Gerardo Pisarello votarían en la Mesa según lo que dictaminara el informe de los letrados, Asens detalló que están “a la espera de estudiar los informes jurídicos, tanto los propios como los de los servicios de la Cámara”.

Antes que él, la portavoz del grupo, Irene Montero, abundó en la posición que expuso ayer Iglesias al garantizar que, aunque ellos quieran que los diputados independentistas puedan ejercer, ”todos vamos a cumplir con la Ley, el Reglamento (del Congreso) y lo que diga el Tribunal Supremo”.

Sin embargo, Asens, abogado de profesión, matizó, por un lado, que el Tribunal Supremo pretende endosar a la Mesa del Congreso una decisión que le corresponde a él y que “es trascendental sobre cómo se debe interpretar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Reglamento de la Cámara”, porque sentará jurisprudencia.

Asens advirtió de que, si decidiera la Mesa, los afectados, que hoy son los independentistas pero en el futuro podría ser cualquier otro diputado, tendrían un proceso por lo contencioso-administrativo, por definición menos garantista y con menos opciones de apelación que si decidiera el Supremo.

Igualmente, cuestionó que el Supremo diga que el suplicatorio sólo puede pedirse entre el auto de procesamiento y el inicio del juicio oral, porque eso supondría que cualquier diputado pudiera ser investigado dos años sin dicho suplicatorio.

En definitiva, alertó de que “se ha de fijar un criterio que afectará a las relaciones entre el Poder Judicial y el Legislativo y a los derechos futuros de los diputados”. Y cree que le corresponde al Supremo aclararlo, a diferencia de su prohibición a que los electos independentistas presos, el lunes y el martes, hicieran declaraciones a los medios o se reunieran con otros diputados, algo que cree que correspondía a la Mesa del Congreso.