En un comunicado, Anpier explica que el 90% de los 3.000 megavatios (MW) fotovoltaicos de la última subasta se repartieron entre menos de 30 empresas, y que además se estima que un más de un 25% estaría ya en manos de fondos internacionales.

En la misma línea, señala que de los más de 8.000 MW proyectados o en construcción fuera de subasta, un porcentaje superior al 60% pertenece a grandes empresas, que concentran dichos beneficios y, en muchos casos, también transmiten la propiedad a fondos internacionales.

Por ello, advierte de que “si el sistema de subastas de potencia no se modifica para las próximas convocatorias y no se regula el acceso a la red general, para que sea accesible a iniciativas locales, se consolidará el modelo de concentración de la propiedad y se perderá una oportunidad única de redistribución de riqueza solar de nuestro país”.

“Los beneficios que el sol ofrece a través de la generación fotovoltaica están siendo monopolizados por un grupo reducido de empresas, gracias a una normativa que, al menos hasta el momento, ha propiciado está concentración al incentivar la construcción de macroparques, a través de condiciones inalcanzables para pymes e iniciativas locales, y por la opacidad en el restringido acceso a los puntos de evacuación, cuestión esencial que no ha sido objeto de análisis y acción regulatoria”, agrega.

Por último, lamenta que “la generación fotovoltaica a gran escala, una vez construida, es mucho menos intensiva en empleo que en rangos más pequeños. De esta forma, serán beneficiarios de sus retornos, básicamente, los inversores”.

Anpier estima que el negocio del suministro de energía solar fotovoltaica para la red general de electricidad ascenderá a 34.440 millones de euros a lo largo de la vida útil de los 20.000 MW que se prevé se instalen en España en los próximos 10 años.