El documento, al que ha tenido acceso Alianza por la Solidaridad, recoge un total de 493 ataques y agresiones de distinta índole en 2017, cuando hubo 13 asesinatos, y 391 ataques y 26 asesinatos en 2018. En un comunicado, Alianza por la Solidaridad achacó el aumento de estos ataques a un incremento de la presión sobre los territorios debido a la explotación de los recursos naturales. Por ello, reclamó acciones internacionales "contundentes" para ponerles freno.

Según el estudio, los líderes de pueblos indígenas son quienes más amenazas sufren, algo que ocurre en el contexto de la defensa de sus tierras y los bienes naturales en un país en el que “no se reconocen los derechos tradicionales indígenas frente al auge de proyectos mineros, energéticos y agroindustriales a gran escala”. Investigaciones de la ONG desarrolladas en Alta Verapaz han documentado graves vulneraciones de los derechos en comunidades indígenas en varios proyectos con implicación de empresas españolas.

De los 196 defensores entrevistados en el informe de la ONU, un 86% aseguró haber sufrido ataques y amenazas entre el 1 de enero de 2017 y el 1 de marzo de 2019, y más de la mitad dijo haber sido víctima de múltiples agresiones. Las intimidaciones y amenazas, que declararon casi todas las personas entrevistadas, se produjeron por escrito (especialmente en redes sociales y medios digitales) o verbales (en persona o por teléfono). Finalmente, un 16% dijo que había sufrido ataques físicos por disparos, ataques con arma blanca e incluso atropellos, y un 3% fue objeto de agresiones sexuales. En todas estas agresiones estuvieron involucrados actores políticos, el crimen organizado, la seguridad privada, empresas y personas contratadas por terceros, apunta el informe.

CRIMINALIZAR LAS PROTESTAS

Por otro lado, el informe documenta 106 casos de criminalización (uso indebido del derecho penal para controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho de defensa) tras actos de protesta convocados ante la falta de diálogo. Menciona la condena al líder que’qchí Bernardo Caal Xol, defensor de los ríos de Alta Verapaz contra la hidroeléctrica y colaborador de Alianza por la Solidaridad. Según la ONG, fue condenado en noviembre pasado a más de siete años de cárcel "en un proceso judicial desarrollado con muchas irregularidades".

Preso en Cobán desde enero de 2017, este líder maya acaba de ser galardonado con el premio Quetzal por los derechos humanos que concede la ONG belga Guatebelga. La entrega se realizará el próximo 22 de octubre en la Kazerne Dossin (un museo en memoria de los deportados en la Segunda Guerra Mundial), si bien difícilmente podrá asistir.

En el documento, la ONU señala también que “existen serias preocupaciones sobre parcialidad y posible cooptación de actores del sistema de justicia, especialmente a nivel local”, y apunta que para asegurarse de que estos defensores entran en prisión inmediatamente, se les acusa de delitos que así lo exigen, como usurpación indebida o secuestro, aunque las pruebas sean inconsistentes. Estos ataques no sólo tienen un doble efecto silenciador a nivel personal, sino también en lo comunitario y lo social.

Finalmente, la investigación resalta que la corrupción del sistema y la impunidad "debilitan los procesos de defensa y promoción de los derechos humanos", y "afecta desproporcionadamente a las personas con menor poder económico y político" en Guatemala.

Por todo ello, recomienda cambios estructurales para erradicar la situación de violencia y corrupción hacia los defensores de derechos humanos en el país, como una reforma sobre la protección del activismo y mejoras en el sistema judicial.