La decisión se ha tomado por unanimidad de los cinco magistrados: Jorge Rodríguez Zapata, Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio Jesús Fonseca-Herrero.

La razón en la que descansa la decisión es evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían “gravemente afectados” si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan.