Advirtió que si no se atienden sus reivindicaciones no descarta la adopción de “ninguna medida, que se adoptarán en atención a lo que las circunstancias exijan”. Asimismo, reclamó en un comunicado que se garantice que seguirán siendo un Cuerpo nacional dependiente del Ministerio de Justicia, "lo que fue respaldado por los representantes del PSOE, PP y Ciudadanos que participaron en la Mesa 'La Justicia ante la nueva legislatura', Juan Carlos Campo, María Jesús Moro y José Ignacio Prendes, respectivamente". El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, fue el encargado de clausurar las jornadas.

Estas son algunas de las principales conclusiones adoptadas por los asistentes a las citadas jornadas nacionales del Cuerpo Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. En lo que se refiere a las retribuciones de los integrantes de este Cuerpo, “estructura vertebral de la Administración de Justicia” según lo definió uno de los ponentes, señalan que son los “peor pagado comparativamente con otros cuerpos superiores de la misma Administración de Justicia, injusticia que se ha visto incrementa en el último año, y por ello”.

Por ello, "y teniendo en cuenta las competencias y responsabilidades que les han sido otorgadas tras las últimas reformas, es por lo que se exige al nuevo Ejecutivo “que subsane esta desigualdad, y adecúe nuestras retribuciones a nuestra naturaleza profesional y a los resultados que nuestro trabajo otorga a la sociedad”.

El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia insistió en que continuará defendiendo ante el nuevo Ministerio de Justicia estas reclamaciones “con la firmeza y seriedad que sea necesario”, para lo cual “seguimos dentro de un proceso de consultas a nuestros colegiados y de acciones públicas, progresivas y sin exclusión futura de ninguna medida, que se adoptarán en atención a lo que las circunstancias exijan”.

PROTECCIÓN DE DATOS

Otra de las cuestiones abordadas en las Jornadas del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia ha sido todo lo relacionado con la protección de datos de carácter personal y de la víctima, para garantizar "que no se vuelva a repetir cuando se divulgaron los datos de la víctima en la sentencia de La Manada”.

En ese punto, los letrados reclaman que los poderes públicos garanticen la protección de esos datos por parte de los poderes públicos. Para garantizar la independencia del Poder Judicial y el principio de separación de poderes, “resulta imprescindible, y demandamos, la creación dentro de nuestro sistema judicial de una Autoridad de Control independiente, como exige la LOPJ y la normativa referente, con recursos propios, materiales, personales y financieros, para que garantice el cumplimiento del mencionado Reglamento de protección de datos”.