Esta propuesta se incluye en la Proposición de Ley de Protección Integral de los Denunciantes de Corrupción, que fue registrada en el Congreso por el portavoz de Vox en esta cámara, Iván Espinosa de los Monteros, y por la diputada de este partido Macarena Olona.

La iniciativa también incluye modificar la Ley de Indultos y la Ley General Penitenciaria por el desafío independentista Cataluña. En concreto, Vox plantea que no se pueda indultar a los condenados por rebelión y sedición, así como que éstos no puedan cumplir condenas en comunidades donde existan partidos que ponen en cuestión el orden constitucional, situación que para el partido de Santiago Abascal se daría en Cataluña con los encausados en el sumario del ‘procés’.

En conjunto, esta proposición de ley busca que España trasponga a su legislación interna la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción, que fue aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 16 de abril.

FIN A LOS PLAZOS DE INSTRUCCIÓN

En la iniciativa planteada, se contemplan una serie de medidas, entre las que están aprobar el 'Estatuto de protección de los denunciantes de corrupción', que incluiría el “premio” del 10% a quienes revelasen actuaciones irregulares. Según el partido de Santiago Abascal, esta propuesta suya va “más allá” de lo que plantea el Parlamento europeo para denunciar a las personas que denuncian actuaciones como el cohecho.

Otra propuesta es que se cree una 'Autoridad Independiente de Protección de los Denunciantes de Corrupción', que el partido de Santiago Abascal considera que podría ser ofrecido a la juez Mercedes Alaya, que fue la que inicialmente instruyó en Andalucía el ‘caso de los ERE falsos”. El responsable de este órgano de vigilancia, según Vox, también protegería el papel de los periodistas a la hora de investigar los casos de corrupción.

Asimismo, la diputada Macarena Olona explicó que la iniciativa de su partido también incluye suprimir la “ignominiosa reforma” impulsada por el PP en 2015, que limitaba en los juzgados los plazos de instrucción de sumarios. Con esa modificación legal las causas debían ser tramitadas en seis meses, que podrían ampliarse hasta 18 para los asuntos complejos.

Según Olona, en la práctica esta reforma legal “a quien beneficia es a los corruptos”, puesto que en los asuntos complejos el resultado “prácticamente seguro” venía siendo el archivo de la causa.