El informe, presentado este martes por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y al presidente del Senado, Manuel Cruz, también reitera que en muchos casos las administraciones “no disponen de una adecuada oferta de plazas en centros especializados”, lo que “dificulta prestar el debido tratamiento integral a las personas con enfermedad mental”.

Por ello, el Defensor del Pueblo recuerda que ante esas insuficiencias materiales, el trabajo de coordinación entre distintas administraciones, del ámbito sanitario y social, se revela “una vez más como imprescindible”.

Por otro lado, el informe destaca que la pérdida de adherencia a los tratamientos constituye, en materia de salud mental, “un problema de especial importancia” al que, sin duda, “se podría hacer frente de una manera más eficaz contando con más medios e igualmente bien coordinados en los distintos niveles asistenciales”.

La institución señala, además, que los ciudadanos que siguen una terapia psicológica para tratar un determinado trastorno o enfermedad mental han mostrado su preocupación por “la escasa periodicidad con que se programan las consultas en el correspondiente centro de salud mental, pudiendo llegar a transcurrir varios meses entre una y otra”.

Según expresan los mismos pacientes o sus familiares, esta situación es debida a la escasez de psicólogos especialistas en dichos centros y “entraría en contradicción con los objetivos terapéuticos perseguidos”.