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Informe Foessa

8,5 millones de personas están en exclusión social en España

- Son 1,2 millones más que antes de la crisis, según el Informe Foessa

- La exclusión social se enquista con la “resaca de la crisis”, con 1,8 millones de personas “expulsadas” de la sociedad

8,5 millones de personas están en exclusión social en España
MADRID

El 18,4% de la población española (8,5 millones de personas) está en exclusión social. Esto significa que hay 1,2 millones de personas más en esta situación que antes de la crisis. De los 8,5 millones, casi la mitad (4,1) están en exclusión social severa por inseguridad de vivienda, desempleo persistente o precariedad laboral extrema.

Así se desprende VIII Informe de la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Desarrollo Social en España (Foessa) sobre exclusión y desarrollo social en España, presentado este miércoles en la sede de Cáritas en Madrid.

El informe subraya la necesidad de una “intervención urgente” sobre el grupo de los “expulsados”, que dentro de esos excluidos suman 1,8 millones de personas (el triple que en 2007).

Los datos de Foessa subrayan también que a esas penalidades pueden llegar otras muchas personas, pues dentro de la sociedad integrada hay una bolsa de ciudadanos que en el documento llaman la “sociedad insegura”. Serían unos seis millones de personas, una ciudadanía “en el filo de la navaja” y en “la antesala de la exclusión”, mientras otra buena parte de la sociedad integrada está mostrando “fatiga de solidaridad”.

El estudio identifica tres bloques de riesgos sociales por la pérdida de calidad democrática, la desigualdad en diversas dimensiones y otros relacionados por los fenómenos demográficos. En el primero de ellos, Foessa advierte de que las personas con bajos ingresos y en exclusión social participan menos en los procesos electorales, pues se registran tasas de hasta el 75% de abstención en los barrios más desfavorecidos.

Asimismo, cada vez más se considera el empleo “como un privilegio y no como un derecho”, pues tener trabajo ha dejado de ser garantía de prosperidad para muchas personas: un 14% de las personas que trabajan están en exclusión social y el 15% de los hogares sufre inestabilidad laboral grave.

A ello hay que añadir la “peculiaridad” de la exclusión en España respecto a los países del entorno, pues va de la mano de la mezcla de baja calidad en el empleo y costes elevados de la vivienda. El 37% de los excluidos del empleo lo están también en la vivienda.

FAMILIAS EN RIESGO

Las familias con niños y la juventud están más expuestas a la exclusión social. El 33% de las familias numerosas y el 28% de las familias monoparentales se encuentran en exclusión social. El 21% de todos los hogares con menores se encuentran en exclusión social. A estos indicadores, los investigadores añaden la conclusión de que la pobreza y las dificultades se heredan, pues los que se criaron entre dificultades duplican a los que no crecieron entre penurias, y es una tendencia que no para de crecer.

Las mujeres también están en desventaja, pues el informe calcula que una mujer necesita trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre y, si es inmigrante, dos horas más.

Asimismo, el 30% de las personas con discapacidad se encuentran en situación de exclusión social y un 16% en exclusión social severa, el doble de las personas sin discapacidad.

CAMBIO SIN PRECEDENTES

El coordinador del informe, Guillermo Fernández, recalcó durante la presentación del documento que “la exclusión social se está enquistando en España”, pues la crisis ha provocado “un cambio sin precedentes en la sociedad”, especialmente para lo que denomina “la sociedad estancada”, un grupo de personas “para las que el ascensor social no funciona, ni es capaz de parar en la primera planta”.

En concreto, denunció que los 4,1 millones de personas en exclusión social severa ven cómo “se ceba” con ellos, además de la desigualdad, “la invisibilidad de los partidos políticos: “Si los excluidos no votan, no entrarán en la agenda política”. “No conozco ninguna campaña política que busque que los más pobres acudan a las urnas”, lamentó.

Por todo ello, destacó la necesidad de crear un nuevo escenario “de responsabilidades compartidas”, en el que Administración, empresarios, organizaciones e individuos entiendan que hay que implicarse “para que otros no se queden en la intemperie” y que abran el debate de “cuánta es la carga que queremos poner sobre los más pobres, si ser pobre es un delito”.

En la misma línea se pronunció el secretario técnico de Foessa, Raúl Flores, que aunque dijo que se percibe “cierta recuperación” no se llega a los estándares de 2007. Precisamente, agregó, la familia, institución que ha sido el principal sustento ante la crisis, “se desgastó y quedó herida por el sobreesfuerzo” al estar “dando todo” durante la desaceleración. “Hoy las condiciones de vida son peores que las de hace 10 años”, dijo.

Desde su perspectiva, el informe “nos alerta de que estamos optando por respuestas engañosas y de muy poca calidad para alcanzar una sociedad en la que el bien común sea el mayor valor”, pues se han roto “consensos básicos” y se han pasado “líneas clave” hacia el individualismo, un mayor dominio de la lógica económica y más desconfianza de la política.

En su turno de palabra, la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, subrayó la necesidad de “sacar a la luz” la realidad que viven las personas vulnerables en España, pero también de “transformarla”, en la “dimensión de la caridad” de la Iglesia católica.

Peiro subrayó “la fragmentación social que está teniendo lugar a costa del debilitamiento de los derechos sociales”, especialmente en el ámbito laboral y con costes hondos en la familia. Los políticos, criticó “están desplazando al margen” estas cuestiones del debate público. Por ello, urgió a poner el foco en a la realidad “desde la mirada de los perdedores”, como pide el Papa Francisco.

Este informe analiza el concepto de exclusión social a partir de 35 indicadores, y está basado en 11.600 encuestas familiares realizadas por Foessa en todas las comunidades autónomas españolas y analizado por 130 investigadores de más de 30 universidades españolas y 13 organizaciones de acción e investigación. Se publica cada cinco años.

(SERVIMEDIA)
12 Jun 2019
AHP/caa/

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