En concreto, al archipiélago llegó un grupo de 50 personas, entre ellas 13 mujeres y tres niños. Los 34 hombres del grupo fueron trasladados esa misma tarde a los calabozos de Jefatura de Policía donde pasaron la noche detenidos, y al día siguiente todos formalizaron su solicitud de protección internacional, a excepción de uno de ellos que fue hospitalizado.

CEAR apuntó entonces que debía garantizarse el acceso al procedimiento de protección internacional con las máximas garantías y teniendo en cuenta las especiales circunstancias que concurren en Mali, su país de origen, donde se ha recrudecido el conflicto, con más de cien muertes en la última semana. Sin embargo, señaló que a estos 34 solicitantes se les aplicó el procedimiento de protección internacional en frontera, a pesar de encontrarse en territorio nacional español.

Según CEAR, "las condiciones en que se llevaron a cabo las entrevistas no fueron las óptimas debido a la situación física y anímica en la que se encontraban las personas después de su traslado desde los calabozos". Además se produjeron "en un tiempo récord, a todas luces insuficiente", prosigue CEAR, algo que "sin duda perjudicó el proceso de formalización de sus solicitudes".

Asimismo, afirmó que todas las peticionesm menos una han sido denegadas. En la tarde de ayer, el grupo restante (33 personas) fue trasladado a la jefatura policial y desde entonces CEAR desconoce su paradero.

Según CEAR, "para garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva es necesario que las personas que han visto denegada su solicitud de protección internacional en un puesto fronterizo gocen de un recurso efectivo ante una instancia nacional, en cumplimiento del artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos". Por eso, exigió detener los procesos de expulsión.