El PP se sienta en este caso en el banquillo, por primera vez una persona jurídica recibe una acusación pena. También se juzga a la extesorera del PP Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de a formación Alberto Durán. El juez ha ordenado que la vista no se retransmita por televisión, atendiendo a una petición de la defensa del partido de Pablo Casado.

El PP está acusado de un delito de daños informáticos, mientras que el resto deberán responder de delitos de daños informáticos y encubrimiento por destruir los ordenadores portátiles que utilizaba el extesorero del PP mientras trabajaba para la formación en su sede central de la calle Génova de Madrid.

El juez Eduardo Muñoz Baena accedió a la petición realizada por el PP y por la Fiscalía y acordó prohibir la retransmisión en directo del juicio por el circuito interno de televisión que facilita el trabajo de los periodistas.

En un auto dictado el pasado lunes, el magistrado negaba autorización para la cobertura de la vista oral mediante señal institucional, aunque no impuso ningún tipo de restricción para que los medios de comunicación accedan a la sala de vistas durante el juicio, de manera que “la emisión de imágenes se limitará a grabaciones mudas captadas en los momentos previos al inicio de las sesiones, con planos de los acusados posteriores o laterales".

El titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid admite que es "lógico y notorio el interés social y mediático" del juicio, pero recuerda que hay tres acusados distintos del PP y testigos que no son personajes públicos y estima que televisarlo les puede suponer "una exposición pública desproporcionada en relación con la naturaleza de los delitos y la entidad de las penas que son objeto de acusación".

En este juicio no hay acusación particular. El propio Bárcenas retiró la acusación en 2016 y la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa por entender que no hay indicios de criminalidad suficientes para sustentar la acusación y considera que la versión del extesoreo es “inverosímil y contradictoria”. Sólo ejercen la acción penal Izquierda Unida, Adade y el Observatori Desc.

Entre los testigos que desfilarán por la Audiencia Provincial está el propio Bárcenas, que está citado para el día 20 de junio, a petición de las acusaciones populares ejercidas por Izquierda Unida y Adade. Ese mismo día también declarará la exsecretaria general el PP María Dolores de Cospedal, también a petición de las acusaciones populares y del Observatori Desc, que quieren interrogarla como superior jerárquica de los supuestos responsables materiales de la destrucción de los ordenadores.

Izquierda Unida es la acusación que pide condenas más severas. Solicita que el PP sea condenado a una multa de 10,9 millones de euros por dos delitos de daños informáticos y para Navarro, Durán y Moreno que se les impongan cuatro años y seis meses de prisión por estos dos delitos de daños en concurso con el de encubrimiento.

El Observatori Desc solicita para la extesorera del PP dos años de cárcel por un delito de daños informáticos y encubrimiento; para el abogado quiere una condena de un año y 11 meses y para el informático pide una pena de un año y 10 meses. En cuanto al PP, pide la suspensión de sus actividades por un plazo de seis meses y la prohibición de recibir donaciones por un plazo de cinco años.

Por último, Adade quiere que se imponga al PP una multad de 109.500 euros por el delito de daño informático y que la extesorera y el abogado de la formación sean condenados con dos años de prisión por ese delito.

La jueza de Madrid, Rosa María Freire, que instruyó el caso los envió al banquillo por entender que había indicios suficientes de que los ordenadores usados por Bárcenas en el PP fueron borrados a conciencia con 35 formateados sucesivos y el posterior rallado de los discos duros.