Esta decisión fue tomada este viernes al inicio del juicio, después de que Izquierda Unida, que interviene como acusación popular, solicitase retransmitir en directo la primera y la última sesión del juicio. La formación realizó esta petición después de que el juez Muñoz Baena accediese el pasado lunes, como había instado el PP y la Fiscalía, a prohibir la retransmisión en directo del juicio por el circuito interno de televisión que facilita el trabajo de los periodistas.

El juez negó en un auto la autorización para la cobertura de la vista oral mediante señal institucional, aunque no impuso ningún tipo de restricción para que los medios de comunicación accedan a la sala de vistas durante el juicio, de manera que “la emisión de imágenes se limitará a grabaciones mudas captadas en los momentos previos al inicio de las sesiones, con planos de los acusados posteriores o laterales". Los periodistas pueden estar presentes en la sala de vistas, pero no pueden entrar y salir durante la celebración del juicio.

"COSTE EN TÉRMINOS DE IMAGEN"

El titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid admitió que es "lógico y notorio el interés social y mediático" del juicio, pero recuerda que hay tres acusados distintos del PP y testigos que no son personajes públicos y estima que televisarlo les puede suponer "una exposición pública desproporcionada en relación con la naturaleza de los delitos y la entidad de las penas que son objeto de acusación".

Durante la sesión de este viernes, tras oír a las partes, Muñoz Baena expresó que tiene una opinión "favorable" a la retransmisión de los juicios y consideró que la Sala Segunda del Tribunal Supremo tuvo un "gran acierto" al retransmitir el juicio del 'procés'. "Todos nos hemos beneficiado de aquella decisión como ciudadanos", agregó. Sin embargo, continuó, esta decisión "no es trasladable sin más a todo tipo de juicios penales, porque las características son diferentes".

Además, recordó, en línea con el auto, los "costes en términos de imagen para los acusados que no desean que su imagen sea difundida". En este sentido, agregó que "no es realista desconocer el efecto estigmatizador que tiene la televisión". En su opinión, "un juicio paralelo no es problema, no es problema que los ciudadanos opinen, pero sí los excesos verbales que se pueden cometer en televisión".

En último lugar, añadió que "no se impide que se ejerza el derecho a la información, porque hay profesionales de la información", de manera que se está "salvaguardando la difusión del contenido". "Sé que el debate está en la mesa, justicia televisada sí o no, pero ese debate trasciende a este juicio, lo tendrá que resolver el legislador con herramientas más completas", añadió. De esta manera, el juez rechazó retransmitir el inicio y el final del juicio, ante lo que IU manifestó su protesta al considerarlo una decisión "no proporcionada".

Durante su turno de intervención, el letrado de IU Juan Moreno defendió la emisión en directo por la "trascendencia social" del caso, algo a lo que se adhirieron el resto de acusaciones populares, ejercidas por Adade y el Observatori Desc. Por su parte, las defensas de los acusados consideraron suficiente la presencia de periodistas en la sala para garantizar la publicidad de la causa. "No es el juicio del 'procés'", apuntó Alberto Durán, abogado del PP.