Además, se ha incrementado el número de recursos de amparo presentados, que alcanzan los 6.918, frente a los 6.286 interpuestos en 2017. Como en años anteriores, sigue siendo limitado el número de recursos de amparo que se admiten a trámite. Fueron 115, frente a los 70 del año anterior.

Durante el pasado ejercicio, disminuyeron los recursos de inconstitucionalidad presentados contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. En 2018 se promovieron en total una docena. En cambio, las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por los jueces y tribunales han experimentado una subida: 42 en comparación con las 33 de 2017.

También se ha reducido el número de impugnaciones de disposiciones autonómicas. En 2018 se interpusieron tres y en 2017, sin embargo, fueron cuatro. No se ha presentado ningún conflicto de competencias ni ningún conflicto entre órganos constitucionales.

El Constitucional dictó el pasado año 142 sentencias, de las cuales 87 versaban sobre procesos de inconstitucionalidad y 55 sobre recursos de amparo. Esta actividad del Pleno y de las Salas del Tribunal ha permitido seguir reduciendo el número de asuntos pendientes y, por ende, el tiempo necesario para enjuiciar las leyes cuya constitucionalidad es puesta en duda.

De este modo, el Tribunal mejora en la práctica la defensa jurisdiccional de la Constitución y la alta misión que le es encomendada como intérprete supremo y garante jurídico de la Constitución Española.

También se pueden citar, entre otras sentencias, por su interés jurídico-político las relativas al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la que decidió un recurso de inconstitucionalidad en relación con diversos artículos de la Ley Foral 24/2013 de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra y la que desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2014 relativa a la jurisdicción universal.