Según señaló la asociación este lunes en un comunicado, en su opinión la norma “facilita el inicio de procedimientos de ejecución que derivarán en desahucios ante el impago de un número muy reducido de cuotas, permite echar a las familias de las viviendas antes de que encuentren alternativas habitacionales y no impone la dación en pago a las entidades, que además seguirán haciendo negocio con los desahucios al quedarse con las viviendas por hasta la mitad de su valor de tasación”.

Por ello, Facua considera que “aunque la norma incorpora mejoras para los consumidores, especialmente en materia de transparencia, se ha desaprovechado una gran oportunidad para proteger los derechos de los usuarios que atraviesan problemas económicos que les impiden pagar las cuotas hipotecarias durante un periodo de tiempo”.

La asociación también considera “lamentable” que la ley establezca “que la banca pueda aplicar intereses de demora de tres puntos por encima del interés remuneratorio, cuando la jurisprudencia ya había establecido que los fijados dos puntos por encima son abusivos”.

Igualmente, critica que se haya establecido un suelo legal del 0%, “fruto de las presiones de la banca en una coyuntura en la que el euríbor lleva años en negativo”. Sin embargo, prosigue sobre este punto, “no se ha establecido un techo a los tipos de interés de las hipotecas, por lo que las familias quedan desprotegidas si el euríbor o el resto de tipos de referencia se disparan en el futuro”.

Además, Facua que la nueva ley no incluya la prohibición de llevar a cabo los desahucios cuando no existe alternativa habitacional, “algo que Naciones Unidas declaró como una violación del derecho a una vivienda adecuada”.

Asimismo, denuncia que el texto no incluye la dación en pago como herramienta para evitar deudas perpetuas a las personas que no puedan pagar su hipoteca. “Las entidades no sólo podrán desahuciar a familias antes de que encuentren alternativas habitacionales, sino que seguirán quedándose con sus viviendas por un porcentaje excesivamente bajo del valor por el que fueron tasadas en su día”.

Por último, la asociación critica que tampoco se ha regulado un mecanismo para controlar la actividad de los fondos de titulización hipotecaria, “por lo que los consumidores seguirán sin saber qué terceras entidades, generalmente fondos buitre, han podido hacerse cargo de su crédito y el coste que ha tenido el traspaso”.