La providencia señala que es jurisprudencia constitucional reiterada que, de conformidad con los artículos 164.1 de la Constitución y 93.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno. Por ello, no pueden ser dejadas sin efecto.

El Tribunal argumenta que la única posibilidad es proceder a su aclaración o a rectificar errores materiales (art. 267.1 LOPJ), que es lo que sucedió en este caso por medio del escrito de 4 de junio de 2019 contra el que el recurrente pretende promover incidente de nulidad de actuaciones.