Moreno es licenciado en Informática por la Universidad de Granada. Se le contrató tras un proceso de selección realizado por el partido cuando era gerente Carmen Navarro, también acusada en este juicio. Tras informar de que no responderá a las acusaciones populares, aseguró que nunca supo si Bárcenas tenía algún cargo en el partido a partir de su nombramiento. “No le he visto nunca, no le he visto jamás, ni me lo he cruzado nunca”, repitió.

El acusado relató que a mediados febrero de 2013 le llamó por teléfono Alberto Durán, el responsable de la asesoría jurídica del PP, y le pide que vaya a la Sala Andalucía donde Bárcenas tenía su despacho y sus efectos de trabajo y personales. “Estaba abierta, había personas metiendo cosas en cajas”, rememoró, “allí recojo un ordenador fijo bastante antiguo, un portátil Toshiba también antiguo y un Mac”. En ese momento, insistió, “no sabía de quien era ese despacho”.

Nada de lo que ocurrió ese día “le extrañó” puesto que “no era inusual” que se retiraran equipos informáticos para su reasignación. “Era el procedimiento habitual, por ejemplo, cuando había un despido”.

Preguntado si sabía que Bárcenas estaba incurso en un procedimiento judicial que le hiciera sospechar sobre la importancia de los datos que podrían contener esos ordenadores, dijo que no sabía “que había un proceso judicial en marcha. Yo soy un técnico, no tenía constancia de anda. No sabía que estaba en marcha la 'trama Gürtel'. Yo no tengo conocimientos jurídicos”.

Tras recoger los equipos en la Sala Andalucía, “me subo los ordenadores a mi despacho y los guardo. A los dos o tres días, el señor Durán me informa que habían recibido una demanda del señor Bárcenas (en reclamación de esos ordenadores ) y me pide que los deje en mi despacho”.

Ya en mayo de 2013 “me indican que se había ganado el pleito y que se había comprobado que los ordenadores eran propiedad del PP”. Hasta entonces “no había recibido órdenes de destruir esos ordenadores, ni me preguntaron por su contenido”.

Unos días después, con el visto bueno de los servicios jurídicos del partido comenzó “el proceso de reasignación”. Comprobó entonces que los ordenadores no tenían contraseña”. El acusado se centra entonces en comprobar si el dispositivo tenía contenidos del usuario. “Realicé una búsqueda ciega de ficheros generados por el usuario y ninguno de los equipos tenían ningún tipo de información. Se lo conté al señor Durán, que me indicó que hiciera la reasignación. Y entonces procedí al borrado seguro” de los discos duros.

Ese procedimiento está, según explicó, plenamente estandarizado y se realiza mediante un protocolo que “cualquier profesional de la informática conoce” y que supuso reescribir en 35 ocasiones los discos duros de los ordenadores. En caso de haber encontrado algún archivo, “habría avisado al usuario para que los extrajera y borrara”, insistió, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

En el momento del borrado de los tres equipos, insisitó, “no había ningún problema mediático, ni ningún juzgado que estuviera pidiendo los ordenadores, tampoco el señor Bárcenas los reclamaba…”.

Todo su empeño estuvo dirigido a convencer al tribunal de que el procedimiento es el habitual en cualquier empresa para reasignar equipos informáticos o de telefonía. Admitió que él se encarga de los borrados sólo cuando los equipos pertenecen a miembros de la dirección y explicó que los dos ordenadores más antiguos no fueron reasignados por estar obsoletos, mientras que el Mac quedó pendiente de instalar un nuevo sistema operativo. “Este procedimiento es un estándar internacional que realizan todo tipo de empresas. Si no lo hubiera hecho el responsable habría sido yo”, concluyó.