La Comisión Promotora de la ILP está integrada por la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (Adspm), la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), el Consejo de Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Federación de Asociaciones Medicusmundi, la Fundación Civio, la Plataforma de Afectados por Hepatitis C (Plafhc) y Salud por Derecho.

Entre las medidas recogidas en la ILP también destaca el impulso de medidas de transparencia en sanidad y la creación de un fondo de investigación y formación independiente.

Los motivos, según denuncian las organizaciones en el texto de la ILP, son varios. Por un lado, en los últimos años “hemos asistido a un aumento continuado de los precios de los nuevos medicamentos, en muchas ocasiones con cifras muy superiores a los costes de investigación y fabricación”, como ha puesto de manifiesto el caso de la hepatitis C y los antivirales de acción directa.

Esta situación ha conllevado un importante incremento del gasto farmacéutico, poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema, introduciendo copagos en los medicamentos y, en consecuencia, limitando el acceso a determinados tratamientos a miles de personas, según recordaron las organizaciones firmantes.

De forma paralela, aseguran también que existen problemas relacionados con la opacidad sobre la inversión que realiza directa o indirectamente la Administración Pública en investigación biomédica y sobre las negociaciones que mantiene con la industria farmacéutica.

El texto articulado de la ILP propone una serie de modificaciones en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, con la finalidad de reforzar la capacidad de las administraciones sanitarias para deliberar y fijar precios justos con la máxima transparencia posible, permitiendo el acceso a los tratamientos necesarios y sin poner en riesgo el mantenimiento del sistema sanitario público. Además, la proposición aborda medidas para que los preadquisición de los medicamentos sean de conocimiento público.

Si la Mesa del Congreso de los Diputados admite a trámite la ILP, las organizaciones tendrán un plazo de nueve meses para recoger 500.000 firmas que permitan su debate en la Cámara Baja.