Entiende la defensa de Camps que no hay ilícito penal en las actuaciones del expresidente ni de ninguno de los investigados en esta causa y sostiene que las acusaciones que se le imputan tienen una raíz política y que no se está respetando la presunción de inocencia.

El letrado rechaza que se aplique la "pena de banquillo" e insiste en que toda acusación debe tener un fundamento objetivo y afirma que "de las presuntas irregularidades denunciadas y de las actuaciones realizadas no resulta acreditada ni siquiera indiciariamente señalada la adopción de acuerdo alguno que resulte palmariamente contrario a la legalidad".

No obstante, y por si los argumentos en defensa de la presunción de inocencia no calaran en el tribunal, la defensa de Camps argumenta en favor la prescripción de los hechos investigados y en contra del “carácter continuado del delito de prevaricación", apoyándose en el hecho de que el expresidente únicamente formalizó la escritura pública de constitución de la Fundación del V encuentro mundial de la familia" en su calidad de presidente de la Generalitat.