Así lo demandó durante la inauguración de unas jornadas sobre el décimo aniversario de la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), donde subrayó la importancia de que se complete la Unión Bancaria y los mecanismos de resolución de entidades, y urgió a los bancos a aprovechar las ventanas en los mercados para emitir deuda anticrisis.

Según recordó durante su intervención, a raíz de la crisis se ha pasado a un sistema donde se exige a las entidades acopiar altos colchones de capital y deuda anticrisis para, llegado el caso, resolver la entidad “minimizando el recurso al dinero de los contribuyentes y garantizando la continuidad de las funciones críticas y un impacto mínimo en el resto del sistema financiero”.

Por parte de las entidades indicó que eso supone un desafío “considerable”, por lo que les urgió a diseñar “unas adecuadas planificación y retención de recursos propios” y de emisión de deuda computable como MREL –el colchón anticrisis-, así como a “aprovechar las ventanas de oportunidad que se presenten para cumplir con los requerimientos en el plazo exigido”.

Por la parte regulatoria consideró “innegable” que quedan pendientes retos importantes entre los que citó el diseño de un backstop para el Fondo Único de Resolución que sirva o aporte liquidez en caso de “situaciones excepcionales” donde los recursos del mecanismo “no sean suficientes para abordar la resolución de algunas entidades de crédito”.

Tal y como está planeado este respaldo, que tendrá una cuantía límite del 1% de los depósitos garantizados en la Unión Bancaria, entrará en vigor, como muy tarde, en 2024 y deberá ser fiscalmente neutral en el medio plazo, ya que los fondos que se utilicen se recuperarán después mediante aportaciones del sector bancario.

En este aspecto Hernández de Cos estimó “crucial” garantizar que dicho backstop o respaldo “sea suficiente para hacer frente a los retos potenciales a los que puede tener que enfrentarse” el mecanismo de resolución europeo (la JUR).

Asimismo, consideró clave abordar la cuestión de la provisión de liquidez cuando se resuelve una entidad ya que si esa resolución no se completa con la venta del banco a una entidad puede acabar provocando una sangría de depósitos. “Hay que tener previsto qué pasa si al abrir las puertas algunos proveedores de fondos deciden retirarlos, bien porque se han visto afectados por el bail-in, bien porque consideran que este no ha sido suficiente” o, simplemente, “consideran que es preferible no correr el riesgo de ver qué ocurre con la entidad”, avisó.

Hernández de Cos defendió en este punto la necesidad de garantizar que existen mecanismos suficientes de provisión de liquidez a la entidad resuelta que “hagan creíbles la herramienta y el propio proceso de resolución”, y abogó por “involucrar al banco central como proveedor de fondos”, con las “debidas garantías públicas proporcionadas de forma común” para “garantizar la neutralidad fiscal a medio plazo del mecanismo”.

Entre los retos pendientes abogó también por “armonizar” los regímenes de insolvencia en Europa. “Si supervisamos y resolvemos de manera común los bancos en Europa, creo que deberíamos también poder liquidarlos de manera armonizada”, afirmó defendiendo la idea de crear además un régimen de insolvencia “separado para los bancos” dadas sus peculiares características que hacen que una liquidación “lenta e ineficiente” pueda afectar a otros bancos, a los fondos de garantía y a la economía real.

A su juicio, la Junta Europea de Resolución y las autoridades nacionales de resolución deberían desempeñar “un papel fundamental”, actuando como administradores de dicha liquidación, con instrumentos y criterios parecidos a los que ya existen a escala europea para resolver entidades con interés público (segregación de activos, venta, banco puente, etc.).

Por último, apuntó la importancia de completar la Unión Bancaria poniendo en marcha un seguro de garantía de depósitos europeo, plenamente mutualizado y con una fecha cierta de llegada para garantizar a los ciudadanos europeos que sus depósitos bancarios hasta 100.000 euros “están igual de seguros, independientemente de la entidad en la que estén depositados y del país en el que vivan”.

A su juicio, si la supervisión y resolución se encuentra centralizada, la responsabilidad sobre los depósitos bancarios debe también estarlo para que haya “una correspondencia entre las decisiones y las consecuencias de dichas decisiones”.