Ante estas agresiones, la CESM ha solicitado “más y mejores dispositivos de seguridad en los centros”, entre otros, vigilantes de seguridad que protejan a los profesionales, cámaras, interfonos y timbres de alarma, softwares específicos en ordenadores y teléfonos móviles.

Además, pide la realización de las “visitas domiciliarias por parejas y con dispositivos de seguridad personales que permitan su localización y si es necesario acompañados de los cuerpos de seguridad del Estado, así como establecer programas de capacitación a los profesionales para afrontar situaciones difíciles”.

Del mismo modo, “requerimos actuar sobre aquellos factores que disparan la agresividad de ciertos pacientes y familiares, y que también está en manos de la Administración sanitaria corregir”. Entre ellos hay que destacar la masificación de la asistencia provocada por el recorte en recursos humanos y técnicos.

En este sentido, la CESM pide la ampliación de plantillas e invertir en sanidad porque “la falta de recursos y excesivas expectativas crea frustraciones en los pacientes que sirven de caldo de cultivo para las agresiones, aunque, obviamente, en ningún caso las justifican”.

Desde CESM “exigimos también que se unifique la tipificación judicial para que las agresiones sean penadas con los mismos criterios en todas las comunidades autónomas y así evitar que las lesiones y amenazas sean consideradas delito, en unos casos y faltas en otros”. También “debemos avanzar en procedimientos judiciales rápidos, expeditivos y ejemplarizantes”.