Según AI, esta es la séptima vez que Richard, Josefina y sus hijas menores evitan ser desahuciados. Su caso fue estudiado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que desde 2018 había exigido a España tomar medidas cautelares para evitar “daños irreparables” a esta familia.

“Este desahucio se ha paralizado después de que Josefina y Richard pidieran hasta en 17 ocasiones una vivienda pública al Ivima, tras quedarse en paro como consecuencia de la crisis económica. Desde entonces pagar el alquiler se les hizo cada vez más cuesta arriba", prosiguió la organización, y aunque llevan cuatro años solicitando el alquiler social, aún no lo han conseguido.

Por ello, AI recordó a los poderes judiciales que deben cumplir las resoluciones de órganos de Naciones Unidas cuya competencia para adoptar medidas cautelares ha sido aceptada por España.

Durante el primer trimestre de 2019, en España se llevaron a cabo un total de 15.559 desahucios, 1.730 de ellos en Madrid, que figura así como la cuarta autonomía por detrás de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

En esta línea, AI reclamó "medidas a largo plazo" para garantizar el derecho a la vivienda a todas las familias, entre ellas incrementar de manera urgente el parque de vivienda social y adoptar medidas sobre las casas vacías. Según el director de AI españa, Esteban Beltrán, nuestro país "cuenta con 3,4 millones de viviendas vacías, el 30% de las existentes en Europa". "Se trata de un recurso que las autoridades públicas pueden y deben utilizar para garantizar el derecho a la vivienda", reclamó.