Así se establece en un auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) conocido este viernes, en el que se acuerda la apertura de juicio oral contra Torra por un delito de desobediencia y, subsidiariamente, por un delito de denegación de auxilio previsto. De haber condena, el presidente catalán podría ser condenado de seis meses a dos años de inhabilitación para cargo público.

El TSJC no dicta ninguna medida cautelar personal o económica contra el presidente catalán, cuya defensa tendrá 10 días para pronunciarse, aunque contra la apertura de juicio no cabe recurso. El letrado del mandatario autonómico también podrá pedir pruebas para la vista oral.

En este procedimiento Vox ha actuado como acusación popular y Ciudadanos fue el partido que denunció durante la campaña de las elecciones del 28-A la presencia de lazos amarillos en las dependencias oficiales de la Generalitat. La Fiscalía se mostró partidaria de que se juzgase a Torra por desobedecer las órdenes para retirar los lazos amarillos.

“INCUMPLIMIENTO CONSCIENTE”

A raíz de la denuncia de Ciudadanos, la Junta Electoral Central (JEC) adoptó el 11 marzo 2019 un acuerdo por el que dispuso estimar parcialmente la reclamación del partido de Albert Rivera y requerir a Torra que “en el plazo máximo de 48 horas” retirara los “símbolos partidistas” de los edificios de la Administración autonómica catalana.

Tras la negativa de Torra a acatar la orden y diversos recursos rechazados, la JEC adoptó una resolución el 21 de marzo para que la Consejería de Interior catalana diera orden a los Mossos d’Esquadra para retirar los lazos amarillos y otros símbolos independentistas de los edificios de la Generalitat.

Paralelamente, la JEC decidió remitir testimonio a la fiscal general del Estado, María José Segarra, por la responsabilidad penal en que haya podido incurrir Torra por el “incumplimiento consciente y reiterado” de acuerdos sobre la retirada de símbolos independentistas. El TSJC ha tomado en cuenta estos hechos, así como la acusación de la Fiscalía, de Vox y Ciudadanos, para llevar a juicio al presidente catalán.