En una reunión con Alicia García, diputada por Ávila del Grupo Popular y anterior consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, el Cermi señaló que toda la acción legislativa y la política pública que desplieguen los poderes públicos han de seguir la estela de las recomendaciones del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas formuladas a España, tras el examen al que se sometió el país en marzo.

Entre las cuestiones pendientes para la presente legislatura, el Cermi citó la reforma del artículo 49 de la Constitución; la reforma integral del Derecho Civil para adaptarlo a las exigencias sobre igual capacidad jurídica de la Convención Internacional de la Discapacidad; la creación de un fondo estatal de accesibilidad; la aprobación de una nueva ley de inclusión laboral de las personas con discapacidad, y la igualdad efectiva para las mujeres y niñas con discapacidad, como reivindicaciones que necesitan una repuesta legislativa de modo urgente.

En el ámbito de la autonomía personal, el Cermi insistió en la necesidad de extender la asistencia personal como prestación social más inclusiva.

El Cermi y el Grupo Popular acordaron también mantener una relación fluida y estable a partir de un diálogo sincero y constructivo, que permita el avance de la agenda política de la discapacidad.