Las diputadas de la Asamblea de Madrid Sol Sánchez y Vanessa Lillo, así como el responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida y exconcejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, han presentado en rueda de prensa la denuncia interpuesta contra Alberto Ruiz-Gallardón y otras 13 personas por las obras de Madrid Calle 30.

Según indicaron, consta, además de 76 páginas del escrito registrado, de casi 18.000 páginas en 19 anexos, en las que se detallan las “gravísimas irregularidades” que deben ser investigadas por Fiscalía Anticorrupción por los “graves indicios” de delito.

“Elección de un modelo de gestión sin estudio de viabilidad económica y sin justificación, connivencia con las empresas adjudicatarias de las obras, sobrecostes sin certificación o documentación que los justifique, pagos millonarios por infraestructuras y servicios que no existen o no se realizan. Todo ello a costa de los presupuestos públicos de Madrid, y ha supuesto un beneficio adicional y extraordinario para determinadas empresas privadas”, apuntaron desde IU.

En este sentido, remarcaron que estos hechos podrían ser encuadrados, al menos, en los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos de los artículos 404 y 432 del Código Penal.

La comisión de investigación de la M-30 llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid concluyó con un dictamen aprobado por el Pleno. En el mismo, “se concluía que, además de constatar la ilegalidad de las obras realizadas, el modelo de gestión elegido de gestión indirecta, es claramente lesivo para las arcas públicas, ya que supone más de 2.012 millones de euros de quebranto para el Ayuntamiento”, señalaron.

Precisamente por ese motivo, el dictamen recomendaba revertir, de manera inmediata, el modelo de gestión de la sociedad volviendo al modelo original de empresa 100% municipal y “garantizando un minucioso control sobre el mantenimiento y la explotación de la infraestructura”, concluyen.

“El modelo de gestión privado ha supuesto, como mínimo, un quebranto de 2.000 millones para las arcas públicas. Con toda seguridad, estamos ante el expolio de patrimonio público más importante en términos cuantitativos de la historia de nuestro país”, afirmó el exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y expresidente de la sociedad pública Madrid Calle 30, Carlos Sánchez Mato.

Mato dijo que “cualquier cosa que toque el PP es susceptible de ser saqueada“. Tras manifestar que todo lo realizado “ha supuesto un beneficio adicional y extraordinario para determinadas empresas privadas", Sánchez Mato indicó que estos hechos “podrían ser encuadrados, al menos, en los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos de los artículos 404 y 432 del Código penal”.

Agregó que la comisión de investigación de la M-30 creada en el Ayuntamiento de Madrid finalizó con un dictamen aprobado por el Pleno municipal, en el que se concluía que, además de constatar la ilegalidad de las obras realizadas, el modelo de gestión elegido de gestión indirecta es claramente lesivo para las arcas públicas, ya que supone más de 2.012 millones de euros de quebranto para el Ayuntamiento.

Añadió que el dictamen recomendaba revertir, de manera inmediata, el modelo de gestión de la sociedad volviendo al modelo original de empresa 100% municipal y garantizando un minucioso control sobre el mantenimiento y la explotación de la infraestructura.