Sánchez dijo que el objetivo de esta denuncia es, además de “anular la operación, depurar responsabilidades y paralizar el mayor pelotazo urbanístico de los últimos años en Europa, porque es lesivo para los intereses de los madrileños".

Tras exponer que numerosas entidades sociales y vecinales pusieron ayer una denuncia administrativa para paralizar este proyecto, agregó que con esta iniciativa “añadimos la vía penal”.

Explicó que la denuncia consta de 50 folios de denuncias y anexos de mil y pico páginas donde figuran presuntos delitos de cohecho y prevaricación administrativa. También aparecen 28 personas como responsables de estos presuntos delitos cometidos durante los 25 años de existencia de este proyecto.

Tras insistir en la necesidad de que la Fiscalía depure responsabilidades, Sánchez cifró en 2.700 millones de euros el menoscabo para las arcas públicas.

“Tras 25 años, hemos visto que se ha aprobado, desafortunadamente, por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de la capital”, manifestó Sol Sánchez refiriéndose a esta operación urbanística.

Entre los 28 demandados por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa y cohecho se encuentran los exministros Josep Borrell, Rafael Arias Salgado, Francisco Álvarez-Cascos, Magdalena Álvarez, José Blanco y Ana Pastor, así como el actual ministro en funciones José Luis Ábalos, los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González, el expresidente autonómico y exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón y la exalcaldesa Ana Botella.