Esta cuestión, que llevará la senadora del PSOE por Segovia Ana Agudíez, la basan en que el Artículo 20.2 del Reglamento del Senado faculta a los senadores a pedir este expediente de empadronamiento al establecer que los senadores “tendrán la facultad de recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas”.

Una vez tramitada la solicitud, el Reglamento explicita que “la Administración requerida deberá facilitar la documentación solicitada o manifestar al presidente del Senado, en plazo no superior a treinta días y para su más conveniente traslado al solicitante, las razones fundadas en Derecho que lo impidan”.

Agudíez señaló en un comunicado que el empadronamiento es un acto administrativo reglado, por lo que el alcalde de Sotosalbos, el popular Feliciano Lucía, podría haber incurrido en un delito de prevaricación: “La dirección nacional del PP podría haber metido en un callejón sin salida al alcalde, que podría haber empadronado a Javier Maroto a sabiendas de que era fraudulento. No se trata pues solamente de una decisión anecdótica, sino que puede tener consecuencias graves para los involucrados”.

Para la socialista, Maroto, “no tiene ningún tipo de vinculación con la provincia y no debería representar a mi comunidad autónoma en el Senado”, incidiendo en que “es un insulto para los segovianos y segovianas que se utilice el nombre de nuestra provincia para llevar adelante lo que es, a todas luces, un fraude de ley”.