Así consta en el escrito dirigido por el Defensor del Pueblo al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que planteó la queja inicial y determinó la apertura de este procedimiento de investigación contra el regulador estatal del transporte.

El Defensor del Pueblo desmonta los argumentos de Fomento para no regular la accesibilidad de los VTC, que alegaba que no se trataba de un servicio público de transporte y que el Estado, tras las últimas reformas legales en el sector de VTC, carece de competencias, las cuales han sido transferidas a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales.

Para el Defensor del Pueblo, alineándose con la tesis del Cermi, la accesibilidad es una obligación de todos los poderes públicos, pues conecta con el ejercicio regular de los derechos constitucionales y con el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ámbitos para los cuales el Estado sí tiene competencias, y. que de hecho, ha venido ejerciendo en el lo que respecta a unas condiciones básicas de accesibilidad universal.

Además, en cuanto a que los VTC no son un servicio público de transporte, el Defensor de Pueblo precisa que la obligación de accesibilidad se extiende a todo tipo de entornos, productos o servicios, con independencia de si son de titularidad pública o privada, o se trata de servicios públicos o prestados por operadores económicos privados.

El Defensor del Pueblo se reitera en sus recomendaciones y sigue compeliendo al Gobierno a través del Ministerio de Fomento a atender las demandas del Cermi y regular unas condiciones básicas de accesibilidad, de carácter estatal, para los servicios VTC.