De Meer destacó que en el artículo 9.2 de la Constitución se establece que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”.

A pesar de ello, culpó al “Estado de las Autonomías” de las “injusticias e inequidades en cuanto a una cuestión vital para muchas personas, como es el reconocimiento del grado de discapacidad”.

Para dotar de fuerza a su acusación recordó que la Confederación Española de Padres de Niños con Cáncer señala que, “si bien el reconocimiento de la discapacidad está regulado por normas de ámbito estatal, su concesión depende de las comunidades autónomas, generando variaciones, tanto en la valoración del grado de discapacidad como en el tiempo de los trámites”.

Al mismo tiempo, recurrió al Estudio de Discapacidad de Niños y Adolescentes con Cáncer en España, enmarcado en el Proyecto Discain, para argüir que Andalucía y la Comunidad Valenciana son las comunidades más rápidas en cuanto a los trámites para adquirir el “reconocimiento de la discapacidad”, mientras que la Región de Murcia y Navarra son las más lentas, con más de cuatro meses de espera.

Esto le sirvió para aseverar que esta situación es “una ignominia del Estado de las Autonomías que afecta a las personas más vulnerables”.

Por todo ello, ha presentado una batería de preguntas al Gobierno para constatar si se va a investigar si las personas con discapacidad sufren desigualdad en función de la comunidad autónoma donde residen, si varía el coste de las valoraciones y del grado de discapacidad por autonomías, para conocer qué propone el Ejecutivo para armonizar los grados de discapacidad “en valoraciones manifiestamente similares”, para saber si se abrirá la posibilidad de revisión para quienes comparativamente tengan concedido un grado manifiestamente inferior al que les corresponde en comparación con otras comunidades autónomas y para confirmar si el Gobierno asumirá la competencia de valoración de grados de discapacidad, “a la luz del fracaso autonómico”.