"La gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y las agencias que ofrecen estos servicios en España se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países", recordó el Gobierno en un comunicado.

Otras circunstancias que tiene en cuenta el Ejecutivo son la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos, a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

"Todo ello sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor", concluyó Justicia.

Prácticamente todos los partidos políticos se han manifestado en contra de esta práctica, salvo Ciudadanos, que es muy partidario de modificar la ley para permitir los vientres de alquiler y facilitar que las parejas que recurren a esta práctica en el extranjero para tener hijos puedan hacerlo en España.