El pasado 16 de noviembre de 2018, el responsable de la Jefatura de Administración Económica de la Inspección General de Sanidad declaró la tramitación de emergencia de la adquisición de los suministros de energía eléctrica y gas al Gómez Ulla.

Lo hizo “al no haberse podido asegurar el suministro de gas y electricidad mediante el acogimiento al acuerdo marco de energía eléctrica vigente del Ministerio de Defensa ni resultar viable la prórroga del contrato de suministro de gas a la central térmica de que dispone este hospital”.

El artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que “cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata como consecuencia de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro el órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en dicha Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente”.