Así lo denunció en rueda de prensa el portavoz de la organización, Rubén Sánchez, quien subrayó que, según comunicó al Ayuntamiento de Sevilla, la cárnica solo dispone de un seguro de responsabilidad civil de 300.000 euros, cantidad que tildó de “ridícula” ya que, a su juicio, “no cubriría ni de lejos los millones o decenas de millones con los que habría que indemnizar a los afectados”.

Sánchez precisó que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ya estableció en 1984 que el Gobierno adoptaría un sistema obligatorio de seguro y fondo de garantía para pagar indemnizaciones y, por ello, instó a las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados a que consensúen una “modificación urgente” de la Ley de Seguridad Alimentaria para establecer las obligaciones de este tipo de industrias en este sentido, obligándolas a que aporten determinadas cantidades a un fondo de garantía para cubrir indemnizaciones económicas derivadas de intoxicaciones alimentarias, lesión o muerte derivados del mal estado de los productos, servicios o actividades.

Por otra parte, el portavoz de la organización de consumidores afirmó que sigue “a la espera” de respuesta por parte de Moncloa a la petición de reunión que trasladó hace “semanas” al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para exponerle “ésta y otras reivindicaciones de modificaciones legales ante lo ocurrido” tras la alerta alimentaria por listeriosis que afecta a todos los productos de la empresa sevillana Magrudis.

Facua se reunió la semana pasada con el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y este jueves mantendrá un nuevo encuentro con parlamentarios de Unidas Podemos. También ha solicitado encuentros a los líderes de las principales fuerzas políticas.