Así lo incluye en las 370 medidas, recogidas por Servimedia, de la ‘Propuesta abierta para un programa común progresista’, presentado este martes por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras las reuniones mantenidas con distintos colectivos sociales en las últimas semanas.

La prohibición se establecerá en virtud de las directivas comunitarias 2009/72/CE y 2009/73/CE, y en el marco de la Estrategia Nacional de Pobreza Energética 2019-2024 donde ya preveía impedir los cortes de luz durante las olas de frio y de calor en los hogares vulnerables.

En materia de pobreza energética el PSOE abunda en su intención de abordar una reforma “en profundidad” del bono social eléctrico creando un bono social general, que incluya el gasista tras la puesta en marcha del bono social térmico. Según el documento socialista, la creación de estos bonos tendrán el fin último de “permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo vital”.

En el programa planteado incluye la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, junto al desarrollo de las normas necesarias para cumplir con la Estrategia de Pobreza Energética, teniendo en cuenta las observaciones de la Comisión Europea

El objetivo es alcanzar en 2050 una generación de electricidad con origen 100% renovable, siendo al menos del 85% en el año 2040 en base a un calendario establecido de cierre de centrales de carbón y nucleares, “sin aumento de los precios de la electricidad”.

En la parte de emergencia climática y transición ecológica de la economía recoge otras propuestas del partido como elaborar un Plan de Reforma del Sistema Eléctrico que favorezca la transición hacia la descarbonización y “unos precios asequibles para el consumidor y las empresas”, la prohibición a partir de 2040 de la venta de coches de combustión de gasolina y diésel, o la adopción de una estrategia de turismo sostenible.

Bajo este epígrafe del programa incluye otras propuestas como completar el Estatuto del consumidor electrointensivo y actuar para evitar deslocalizaciones de empresas. “Activaremos –refiere el documento- los recursos del Estado que sean necesarios para garantizar la continuidad y permanencia de aquellas empresas que sean una fuente crítica o fundamental de empleo en sus comarcas”.