En concreto, el convenio suscrito entre las dos partes tiene como fin impulsar medidas orientadas a la eliminación y reducción de cargas administrativas dirigidas especialmente a las personas con discapacidad y a sus familias, así como el intercambio de información y conocimiento sobre simplificación administrativa, la elaboración de propuestas de reducción de trámites y simplificación de gestiones de carácter administrativo.

Esta colaboración interinstitucional abre la posibilidad de encuadrar la participación en laboratorios de ideas para la reducción de cargas administrativas, en los que, de manera conjunta, administración y el sector implicado discutan sobre procedimientos susceptibles de simplificación.

Para lograr ese objetivo, el Cermi se encargará de realizar, en colaboración con Función Pública, una labor de análisis de las obligaciones de información y cargas burocráticas derivadas del cumplimiento de la normativa vigente que afecten a las personas con discapacidad y a sus familias.

Asimismo, suministrarán información adecuada, participarán en las funciones de análisis de las cargas administrativas y en la elaboración de propuestas de reducción de las mismas así como en la simplificación, homogeneización y coordinación administrativa.

El Cermi diseñará propuestas de simplificación administrativa y de mejora en la regulación que afecta a las personas con discapacidad, orientadas a eliminar las barreras burocráticas existentes en la actualidad.

Dichas propuestas serán concretas y contrastadas e irán destinadas a contribuir al impulso y mejora de la relación de las personas con discapacidad con la administración, con una traslación práctica y directa.

Estas propuestas irán acompañadas, como aspectos principales, de la correspondiente estimación del ahorro que generarán, de la normativa que debe modificarse y el organismo vinculado. La medición de dichos ahorros se hará de acuerdo con la metodología establecida en el Método Simplificado de medición de cargas administrativas.