“El objetivo no es otro que el de proporcionar a las familias capacidad de decisión acerca de las actividades impartidas por personas o entidades que no forman parte del claustro de maestros o profesores del centro donde estudian sus hijos”, explicaron a Servimedia fuentes de la Consejería de Educación.

Y es que a partir de este curso, según consta en una instrucción de la Secretaría General de Educación, los centros murcianos estarán obligados dar “información detallada” a los padres acerca de aquellas charlas, talleres o similares que sean impartidos por activistas, agentes de Policía o voluntarios de distintas ONG y que son habituales en los colegios.

Según las autoridades educativas, la medida “ofrece libertad a las familias para poder elegir en qué actividades de cualquier temática impartidas por personal externo al centro quieren que participen sus hijos”.

Con esta instrucción, el Gobierno de Murcia convierte en optativas las actividades complementarias del curso escolar, unas actividades que, según un decreto aprobado en 2014 por el propio ejecutivo murciano (Decreto 198/2014, del 5 de septiembre de 2014), son “evaluables a efectos académicos y obligatorias”. En base a este decreto, sólo son voluntarias las actividades que se realicen fuera de los centros o los que impliquen aportaciones económicas, algo que la instrucción contradice.

Las reacciones por parte de los colectivos no se han hecho esperar y varias asociaciones LGTB, junto a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais Transexuales y Bisexuales (Felgtb), emitieron esta semana un comunicado afeando a la consejera de Educación, María de la Esperanza Moreno Reventós (PP), la orden a los centros educativos.

Esta medida, según las entidades, “vulnera varias leyes, entre ellas, la ley de Igualdad LGTB de Murcia”. Para la coordinadora del grupo de Educación de la Felgtb, Visi González, la educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género “es una de las formaciones para las que se necesitaría permiso de las familias” tras esta instrucción, pese a que "es la base para crear una sociedad respetuosa y libre de acoso y discriminación”.

Para los colectivos LGTB, esta medida es propia de “la extrema derecha” y “limita el derecho del alumnado a conocer las distintas realidades del entorno en el que vive”. No obstante, la medida no sólo afecta a estos colectivos, que suelen asistir a los centros para impartir talleres de igualdad, sino a cualquier charla o actividad que sea impartida por personal ajeno al claustro, como las visitas de agentes-tutores, personal de seguridad y emergencias y demás profesionales.